El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero dejó en claro que su aplicación no entrará en vigencia hasta que el Congreso asigne los fondos necesarios en el Presupuesto 2026. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca normas de administración financiera que condicionan la ejecución de toda ley con gasto a la incorporación de partidas específicas.
La decisión se sustenta en el artículo 5° de la Ley 24.629, que suspende la aplicación de normas con impacto presupuestario sin partidas asignadas, y en el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a detallar las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo recordó además que el proyecto de Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el pasado 15 de septiembre, y que allí se definirá si se habilitan los recursos.
La sanción de la ley fue conflictiva: el Ejecutivo había vetado la norma en agosto mediante el Decreto 534/25, pero el Congreso logró insistir con los dos tercios de los votos en Diputados (20/8) y Senado (4/9). Finalmente, el 8 de septiembre, la ley fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Qué dispone la ley
La normativa declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Entre sus principales puntos se destacan:
Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad con empleo de hasta dos salarios mínimos.
Conversión automática de las PNC vigentes al nuevo régimen.
Garantía de cobertura de salud mediante el Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901.
Declaración de interés público de los servicios de prestadores de la Ley 24.901 y compensación económica de emergencia por la brecha entre aranceles e inflación 2023-2024.
Establecimiento de aranceles únicos con movilidad mensual y estudios de costos anuales.
Extensión a tres años de la exención del 50% de las contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con auditorías bajo criterios inclusivos y obligación de informes anuales.
El costo fiscal informado por el Ejecutivo
Según cifras oficiales, la ejecución plena de la ley implicaría:
PNC por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,70 billones en 2026 (0,47%).
Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 (0,07% del PBI) y $1,23 billones en 2026 (0,12%).
Compensación a prestadores: $278.323 millones (0,03% del PBI).
Necesidad total de crédito para 2025: $3,01 billones (0,35% del PBI).
El Ejecutivo sostuvo que el crédito disponible sin afectar otras áreas de “Servicios Sociales” es de $2,30 billones, lo que resulta insuficiente para financiar la totalidad de la norma.
Qué queda frenado hasta que haya partidas
Nuevas altas y conversiones de la PNC por Discapacidad.
Compatibilidad laboral y rehabilitaciones automáticas.
Compensación a prestadores de la Ley 24.901 y movilidad arancelaria.
Incorporaciones al Programa Incluir Salud bajo la nueva PNC.
Auditorías e implementación operativa de la ANDIS con financiamiento.
En síntesis, la Ley de Emergencia en Discapacidad quedó promulgada pero congelada, a la espera de que el Congreso apruebe recursos específicos en el próximo presupuesto.